28 de enero de 2026. Arnaiz, firma líder en urbanismo y desarrollo inmobiliario global, ha intervenido recientemente en una mesa redonda organizada por la Fundación Pro Real Academia De Jurisprudencia y Legislación de España sobre el precio de la vivienda y la regulación urbanística del suelo, que ha reunido a alguna de las voces más autorizadas del ámbito académico y profesional en esta materia a nivel nacional.
Arnaiz ha estado representado a través de su presidente y fundador, Leopoldo Arnaiz; en una sesión que ha estado presidida por Luis María Cazorla Prieto, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, entidad que ha acogido el evento. Además, también ha contado con la intervención de otros expertos y académicos en el ámbito de la regulación urbanística y el precio de la vivienda, como Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo y académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; Luciano Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid; y José Manuel Serrano Alberca, letrado de las Cortes Generales y Patrono de la Fundación Pro Real Academia.
Durante la sesión, los ponentes han coincidido en que la excesiva regulación actual, tanto a nivel nacional como autonómico, genera un cuello de botella que ralentizada el desarrollo de suelo. Una situación que conduce a que los desarrollos urbanos que se plantean en España se prolonguen durante varias décadas, impidiendo aumentar la oferta de vivienda en el corto plazo en consonancia con la demanda actual. A este respecto, el arquitecto urbanista Leopoldo Arnaiz Eguren ha significado la necesidad de avanzar hacia una mayor agilidad administrativa: «El problema reside en la falta de suelo urbanizado y la lentitud de los procesos. Debemos sistematizar la legislación, fomentar la colaboración público-privada y asegurar financiación suficiente para promotores y compradores».
Durante el evento también se han planteado medidas como la importancia de agilizar la tramitación urbanística, sin comprometer las garantías legales y medioambientales; la necesidad de limitar los informes sectoriales repetitivos; la idoneidad de diferenciar la nulidad de los planes de la de los reglamentos; así como el reto que tiene España de diseñar y llevar a cabo una estrategia pública robusta y a largo plazo, que permita crear vivienda pública.
Además, también se ha incidido en sería importante modificar la ley estatal para otorgar mayor seguridad jurídica, reducir las determinaciones de los planes autonómicos para ganar flexibilidad y potenciar la coordinación entre las tres instancias territoriales del Estado.
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